Lo que nadie te había contado (hasta ahora) de los contratos de arrendamiento

Sobre los contratos de arrendamiento
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El origen de los contratos y la primera empresa inmobiliaria

Hoy en día sabemos que los primeros contratos de arrendamiento datan de hace 5.000 años. Existen archivos históricos que establecen la primera empresa dedicada a este servicio en Babilonia hacia el año 1800 AC. Cuando un oficial o soldado no quería trabajar la tierra que el estado le entregaba por sus servicios, podía arrendar la misma a una empresa conocida como «especialista de arrendamiento». La misma pagaba por adelantado una suma al propietario y, a su vez, arrendaba los terrenos para su explotación a granjeros.

Por otro lado, en Grecia se establecieron los primeros contratos de arrendamiento minero, las minas, propiedad del estado (Atenas) eran arrendadas por una autoridad en períodos de tres a siete años. Grecia fue la fundadora del concepto de alquiler bancario, el primer acuerdo de este tipo se firmó en el año 370 AC, con recursos que indican el nombre del banco, depósitos, empleados y oficinas.

Roma especula, Roma legisla

A finales de la República y en los comienzos del Imperio, se consolida la economía de mercado sobre la anterior economía agraria, lo que llevaría a la ciudad-estado a ser la primera economía global de occidente. Estos cambios llevan aparejados un fuerte aumento de la presión demográfica, consecuencia de la inmigración, sobre las ciudades romanas, especialmente Roma.

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Es la edad de oro de las «insulae», en principio bloques de viviendas de tres a cinco pisos en régimen de alquiler, que ocupaban las clases humildes ante la imposibilidad de acceder a una vivienda particular. Los precios de los alquileres variaban de mayor a menor en función de la altura, menor altura = mayor precio y viceversa. La planta baja era ocupada por locales comerciales.

Este fue un negocio especulativo de grandes proporciones y que trajo graves problemas, por lo que las autoridades se vieron obligadas a legislar al respecto, dictando normas relativas a los materiales, alturas, distribución y situación de las edificaciones. Julio César fue el primero, pero también se vieron obligados a intervenir Augusto, Trajano y Adriano. Es en la época del pleno desarrollo económico de la sociedad romana cuando se logra la configuración del contrato consensual, los acuerdos para el intercambio de una cosa por un precio son protegidos por el pretor. Surge entonces «la locatio conductio» como contrato consensual.

El período que abarca desde el ocaso del imperio romano en España hasta la publicación del primer código civil en el año 1889, es materia aparte para su investigación por la aplicación en cada situación geográfica de gran variedad de leyes, Nueva Recopilación, Partidas, códigos, fueros y en muchos casos, ausencia de regulación, a voluntad.

De la revolución (industrial) al contrato eterno

Es en los años de la revolución industrial cuando de nuevo en los núcleos urbanos se manifiesta un notable aumento de la población que nutre de mano de obra la incipiente industria. Es en este contexto donde la burguesía industrial crea, con mejor o peor resultado, alojamientos o núcleos de edificios para servicio de los trabajadores. En Galicia tenemos como ejemplo el poblado minero de Fontao (1888 – 1974), en Vila de Cruces.

España no participó en la Gran Guerra (14-18) pero sufrió sus consecuencias por causa de la inmigración, gran movimiento de extranjeros que huían de las zonas destruidas o amenazadas, y por problemas en el abastecimiento de materiales de construcción; todo ello motivó que el Gobierno promulgara un Real Decreto en Junio de 1920, publicado en la Gaceta de Madrid, hoy el BOE, en el que se estableció por primera vez en España la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas, forzosa para los propietarios, voluntaria para los inquilinos. Con el tiempo, se añade al problema las consecuencias de nuestra guerra civil y la segunda mundial; destrucción de edificios, falta de materiales, migraciones y consiguiente especulación.

Esta medida, prevista inicialmente para seis meses, ha ido prorrogando hasta la actualidad, siendo perpetua obligatoria para arrendamientos anteriores al decreto Boyer de 1985.

 

Fuente: Oh My House

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