¿Se quedará Galicia fuera del plan del Gobierno para abaratar los alquileres?

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El Ejecutivo diseña un programa para frenar la subida de los precios pero su medida estrella podría no aplicarse en nuestra comunidad

El Gobierno tiene intención de cumplir su palabra e impulsar una serie de medidas que mejoren el acceso a la vivienda, sobre todo con la mente puesta en el alquiler y su escalada de precios. En su día, cuando fructificó la moción de censura que invistió a Pedro Sánchez como presidente, en Walicia os informamos de las propuestas que había formulado el PSOE en la oposición ante la posibilidad de que fueran implantadas. Pues bien, ese momento ha llegado. Pero Galicia puede quedarse fuera, al menos en parte.

El motivo es que una de las medidas estrella del plan que maneja el Ejecutivo se prevé limitar a una serie de ciudades, concretamente las que hayan sufrido de manera más acusada la subida de las rentas de los arrendamientos y arrastren una falta de oferta «acreditada». Se trata de una propuesta para construir 20.000 viviendas sociales con precios limitados y a día de hoy la idea del Gobierno es aplicarla sólo en urbes como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, Valencia, Donostia-San Sebastián, Málaga…

Es patente que Galicia ha sufrido el ascenso de los alquileres y que no abundan los inmuebles, pero no ha llegado a registrar las barbaridades que se están viendo en las dos ciudades más grandes de España o en las islas, donde el parque de viviendas es muy limitado, se ha encarecido mucho el metro cuadrado y los requisitos para reservar un piso son prohibitivos.

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Parece, pues, que al no estar en situación crítica, la comunidad no se vería beneficiada por esta medida. No obstante, todavía debe ser negociada, lo que da pie a la esperanza y a que se introduzca alguna modificación aunque no esté en la mente del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Donde no está previsto hacer excepciones es en el resto de novedades que implicará el Gobierno, algunas de las cuales ya os habíamos adelantado. Entre ellas, se encuentra la ampliación de la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, la limitación de las fianzas exigidas al inquilino y la concesión de beneficios fiscales a aquellos propietarios que ofrezcan su vivienda en alquiler y pidan por ella una renta ‘justa’.

¿Qué sería una renta ‘justa’? Pues para establecer ese criterio, el Ejecutivo diseñaría unos precios de referencia por ciudades y todos aquellos que se adapten a esos baremos gozarían de dichos incentivos fiscales, una iniciativa que ya ha puesto en marcha el Concello de Santiago.

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